En 48 horas, Giorgio Di Feo deberá rectificar publicaciones sobre Dumek Turbay
Un fallo judicial en segunda instancia ordenó a Giorgio Di Feo rectificar en un plazo máximo de 48 horas, las publicaciones que realizó en la red social Instagram sobre el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, en las que cuestionó el manejo de los recursos públicos destinados al proyecto y lanzó señalamientos contra el alcalde de Cartagena, Dumek José Turbay Paz.
La decisión, fechada el 14 de octubre de 2026, y emanada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, revocó una determinación anterior del Juzgado 802 Civil Municipal Transitorio, que había declarado improcedente la acción de tutela presentada por el mandatario distrital.
En su análisis, el despacho examinó el contenido audiovisual titulado ¿Para quién es el nuevo complejo deportivo Chambacú?, en el que Di Feo cuestionó aspectos relacionados con el valor del contrato de obra, las adiciones presupuestales, el uso de los recursos públicos y los beneficiarios del proyecto.
Según la providencia, la publicación presentó información incompleta y descontextualizada, al omitir elementos institucionales relevantes para comprender las modificaciones contractuales, entre ellos las justificaciones técnicas y presupuestales, el balance de cantidades de obra, los ítems no previstos y las obras adicionales.
El juzgado también señaló que el contenido no incorporó información relacionada con la inversión social destinada al reasentamiento de familias ni con la apertura del escenario deportivo a la ciudadanía. De acuerdo con el fallo, la manera en que se expusieron los cuestionamientos podía llevar a los espectadores a concluir que existían irregularidades administrativas o un uso indebido de los recursos públicos, sin que esas conclusiones se desprendieran objetivamente de los documentos examinados.
Uno de los aspectos más relevantes de la providencia fue la expresión “Dumek Turbay deja de robar”, incluida en el video publicado por Di Feo. El despacho calificó esta manifestación como una imputación extremadamente grave, al sugerir la comisión de conductas delictivas sin que se aportaran elementos probatorios que la sustentaran.
La decisión recordó que los ciudadanos tienen derecho a cuestionar la gestión de sus gobernantes, revisar la contratación estatal y debatir sobre las inversiones públicas. Sin embargo, precisó que estas facultades no justifican la difusión de afirmaciones que atribuyan o sugieran actos de corrupción sin respaldo verificable.
Asimismo, el juzgado enfatizó que, aunque los funcionarios públicos están sometidos a un escrutinio ciudadano más intenso, esta condición no implica que pierdan sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
