Contraloría General coloca lupa a los contratos realizados por la Alcaldía de Cartagena en el marco de la emergencia sanitaria
Las contrataciones de manera directa que ha venido realizando la administración de Cartagena en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, llevo a que la Contraloría general, colocará la lupa sobre la manera como el distrito de Cartagena ha invertido más de $7.000 millones de pesos en 14 contratos.
Esta auditoría fue motivada por las inquietudes de las comunidades plasmadas en denuncias, ante lo que muchos sectores consideran una feria de contratación sin ningún tipo de control.
Los contratos que serán objetos de análisis son los firmados con: ARC Análisis S.A.S por $13,950,000; TWyty S.A, por $733,479,390; Ventas, Distribución y Marketing Ltda por $1,215,500,000, para el suministro de insumos sanitarios; Ventas, Distribución y Marketing Ltda por un valor de $725,000,000 para compra de pruebas rápidas; Hogar San Pedro Claver por $397,735,803, cuyo objeto es la asistencia integral al adulto mayor; Refugio la Milagrosa por $383,786,667 – asistencia integral adulto mayor; Fundación Dones de Misericordia por $178.285.440 para la asistencia integral adulto mayor; Corporación para el desarrollo humano-CORDESHU por $ 339.167.500, cuyo objeto es la atención integral para habitantes de la calle; Suministros Integrales del Caribe-Sicar por $168,157,880; con Invercomer del Caribe-Megatiendas por $1,899,999,427,70 para el suministro de paquetes alimentarios y de aseo; Veneplast Ltda por $890,000,000 para la compra de paquetes alimentarios y de aseo; Editora del Mar S.A., por un valor de $59.067.768, para prestar servicios publicitarios de transmisión y difusión; Carlos Humberto de la Cruz Mouthon Lorduy por $2,500,000 servicios publicitarios de transmisión y difusión y Radio Cadena Nacional SAS por $21,872,200 para servicios publicitarios de transmisión y difusión.
La información, solicitada mediante oficios y visita fiscal por parte de la Contraloría general a la alcaldía de Cartagena, será analizada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, como parte de la estrategia de control y vigilancia de los recursos públicos que se destinan a la emergencia sanitaria por el Covid-19.