Levantamiento de intervención en Coosalud EPS tendrá vigilancia especial de la Procuraduría
La Procuraduría viene solicitando a la Superintendencia Nacional de Salud, al agente interventor saliente y a los accionistas que reciben Coosalud EPS, para que realicen de manera expedita y coordinada el proceso de entrega de la entidad, sin dilaciones injustificadas y con garantías para la continuidad de los servicios médicos a sus afiliados.
El pronunciamiento se produjo en cumplimiento del auto interlocutorio No. 289 del 29 de octubre de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro de una acción popular que ordenó la suspensión provisional de la intervención forzosa de la Supersalud en Coosalud EPS.
El Ministerio Público es enfático al indicar que “las actuaciones de las partes involucradas eviten que el proceso de transición se convierta en una barrera de acceso a los servicios de salud y genere retrasos en los pagos a la red de prestadores, situación que podría afectar la prestación de la atención médica a los usuarios”.
La autoridad disciplinaria también advirtió que todas las medidas administrativas, operativas y de transición deben priorizar la continuidad de los tratamientos y prevenir afectaciones a los afiliados, quienes ya enfrentan dificultades para acceder a consultas especializadas, autorizaciones, procedimientos médicos y entrega oportuna de medicamentos.
En ese sentido, la Procuraduría insistió en la necesidad de que la Superintendencia Nacional de Salud, Coosalud EPS, sus órganos de administración y los demás actores del sistema actúen de manera articulada, responsable y coordinada para dar cumplimiento a la decisión judicial.
El organismo de control enfatizó que las decisiones relacionadas con la administración y dirección de la entidad no deben interrumpir los tratamientos en curso ni comprometer la prestación de los servicios de salud a la población afiliada.
